El operador de la Bolsa Mercantil de Colombia se desenvuelve en un esquema de autorregulación cuyo soporte legal descansa en la Ley 964 de 2005 (art. 24 y siguientes) y en el Decreto 2555 de 2010 (Libro 10 de la Parte 2). La actividad de intermediación desarrollada sobre bienes y productos agropecuarios, agroindustriales y demás commodities queda alcanzada por la obligación de someterse a un organismo autorregulador. La ley reconoce tres funciones esenciales: normativa (expedir reglas para el adecuado desarrollo de la operación), de supervisión (constatar el acatamiento de las normas del mercado y de los reglamentos) y disciplinaria (imponer correctivos). Conviene retener que la autorregulación no constituye función pública (art. 25, parágrafo 2): es un modelo intervenido y vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, que no reemplaza la supervisión estatal.
El proceso disciplinario se rige por reglas de origen contractual: existen términos de caducidad para su inicio, oportunidad para presentar descargos y decisión a cargo de un tribunal disciplinario independiente que actúa en dos instancias. El catálogo de correctivos abarca desde la amonestación y la multa hasta la suspensión y la expulsión para personas naturales, y un elenco más reducido para las personas jurídicas. Las sanciones cuantificables se expresan en UVT y pueden alcanzar el doble del beneficio obtenido o del perjuicio evitado.
Un puente relevante con el régimen de valores es el Registro Nacional de Valores y Emisores: los Certificados de Depósito de Mercancías (CDM) emitidos por los almacenes generales de depósito se inscriben en el RNVE, lo que somete su negociación a exigencias adicionales de transparencia. El régimen del autorregulador y el de la SFC son distintos y acumulables: uno de naturaleza contractual y otro de carácter administrativo. Conductas asociadas a la operación —manipulación, uso indebido de información reservada o el incumplimiento de un llamado al margen frente a garantías afectadas por el haircut— pueden generar responsabilidad disciplinaria y, según el caso, penal conforme a la Ley 599 de 2000.
1. Según la Ley 964 de 2005, la autorregulación comprende el ejercicio de tres funciones. ¿Cuáles son?
El artículo 24 de la Ley 964 de 2005 define el ámbito de la autorregulación en tres funciones: normativa, de supervisión y disciplinaria. La certificación es una función adicional que el Decreto 2555 de 2010 asigna al organismo autorregulador, no una de las tres de la Ley 964. (Ley 964 de 2005, artículo 24 (Capítulo Segundo, «De la autorregulación del mercado y de su disciplina»))
2. De acuerdo con la Ley 964 de 2005, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la función de autorregulación?
El parágrafo 2 del artículo 25 señala que la autorregulación no es función pública, y el parágrafo 4 aclara que no sustituye las funciones de regulación y supervisión del Estado, que la SFC sigue ejerciendo. (Ley 964 de 2005, artículo 25, parágrafos 2 y 4)
3. Un grupo de sociedades comisionistas desea constituir un nuevo organismo dedicado exclusivamente a la autorregulación. Antes de definir su estructura, sus asesores jurídicos quieren confirmar cuántas clases de entidades reconoce la Ley 964 de 2005 como habilitadas para actuar como organismo autorregulador. ¿Cuál es esa cifra?
El artículo 25 de la Ley 964 de 2005 habilita cinco clases de entidades: organizaciones creadas exclusivamente para ese fin, organizaciones gremiales o profesionales, bolsas de valores, bolsas de productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities (como la Bolsa Mercantil de Colombia), y sociedades administradoras de sistemas de negociación. (Ley 964 de 2005, artículo 25)
4. Una sociedad comisionista miembro de la Bolsa Mercantil de Colombia cuestiona ante su área jurídica si está obligada a someterse a un organismo de autorregulación por el solo hecho de realizar actividades de intermediación sujetas a autorregulación en Colombia. ¿Cuál es la respuesta correcta conforme a la Ley 964 de 2005?
El artículo 25 de la Ley 964 de 2005 establece que quienes realizan actividades de intermediación sujetas a autorregulación están obligados a autorregularse, sin condicionarlo al tipo de producto ni a la tenencia de CDM. La autorregulación voluntaria corresponde a otra categoría: la de los asociados autorregulados voluntariamente. (Ley 964 de 2005, artículo 25)
5. Frente a los reglamentos expedidos por un organismo autorregulador, la Ley 964 de 2005 establece que…
El artículo 28 exige autorización previa del supervisor (hoy la SFC) para los reglamentos, los cuales son de obligatorio cumplimiento y se presumen conocidos por los sujetos sometidos a ellos. Esa presunción hace innecesaria cualquier aceptación individual. (Ley 964 de 2005, artículo 28.)
6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones distingue correctamente los reglamentos del organismo autorregulador de las cartas circulares que expide?
Conforme al artículo 28 de la Ley 964 de 2005, los reglamentos deben contar con autorización previa de la SFC; las cartas circulares, al no tener ese carácter normativo reglamentario, no requieren esa aprobación. (Ley 964 de 2005, artículo 28.)
7. Según el Decreto 2555 de 2010, respecto de los intermediarios y las personas naturales vinculadas (PNV), el organismo autorregulador ejerce cuatro funciones. ¿Cuál es la función adicional que tiene frente a estos sujetos, más allá de las tres previstas en la Ley 964 de 2005?
El Decreto 2555 de 2010 asigna al organismo autorregulador, además de las funciones normativa, de supervisión y disciplinaria de la Ley 964 de 2005, la función de certificación de los profesionales del mercado. La inspección, vigilancia y control es potestad estatal de la SFC, no una función de autorregulación. (Decreto 2555 de 2010, artículos 11.4.1.1.2 y siguientes)
8. ¿Cuál es el término de caducidad que tiene el organismo autorregulador para iniciar un proceso disciplinario, contado desde la ocurrencia de los hechos, en una infracción instantánea?
El Reglamento de AMV fija en tres años el término de caducidad para iniciar el proceso disciplinario; en infracciones instantáneas se cuenta desde el día de su ejecución. (Reglamento de AMV.)
9. Un operador BMC omite durante varios meses actualizar la información de conocimiento del cliente (SARLAFT) de sus comitentes activos, incumpliendo un deber de actualización periódica. En determinado momento ese deber de actuar cesa, y el organismo autorregulador evalúa si todavía está a tiempo de iniciar el proceso disciplinario. Tratándose de una conducta omisiva, ¿desde qué momento debe contarse el término de caducidad de tres años?
En las conductas omisivas, el Reglamento de AMV cuenta el término de caducidad desde el momento en que cesó el deber de actuar. Contarlo desde el último acto es la regla de las infracciones de varios hechos o de ejecución permanente o sucesiva, no la de las omisivas. (Reglamento de AMV.)
10. ¿Quiénes tienen la calidad de sujetos pasivos del proceso disciplinario ante el organismo autorregulador?
El artículo 54 del Reglamento de AMV señala como sujetos pasivos del proceso disciplinario a los sujetos de autorregulación, esto es, los miembros, los asociados autorregulados voluntariamente y sus personas naturales vinculadas (PNV). El comitente que se queja es denunciante, no sujeto pasivo. (Reglamento de AMV, artículo 54)
11. Un operador que era persona natural vinculada (PNV) de una sociedad comisionista miembro de la Bolsa Mercantil de Colombia renunció a su cargo hace ocho meses. El organismo autorregulador inicia hoy un proceso disciplinario por hechos ocurridos mientras el operador todavía estaba vinculado. ¿Puede vinculárselo válidamente al proceso?
Conforme al artículo 54, parágrafo primero, del Reglamento de AMV (modificado por el Boletín Normativo 33 de AMV del 27 de diciembre de 2023) y la Resolución 13 de 2016 de la Sala de Revisión, la calidad de sujeto pasivo deriva de las condiciones que tenía el investigado al momento de los hechos y no de las que tenga durante el proceso, de modo que puede vincularse a quien ya no ostente esa calidad al activarse la función sancionatoria. El tipo de trámite es irrelevante para esta regla. (Reglamento de AMV, artículo 54, parágrafo primero (modificado por el Boletín Normativo 33 de AMV del 27 de diciembre de 2023); Resolución 13 del 30 de septiembre de 2016, Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV)
12. Un miembro sancionado en primera instancia quiere saber cuántas personas integraron la sala que falló su caso y si alguna de ellas debía tener formación jurídica. Conforme al Reglamento de AMV, ¿cuál es la composición de una sala de decisión de primera instancia?
Cada una de las salas de decisión está integrada por tres miembros: dos independientes y uno vinculado a la industria, de los cuales al menos uno debe ser abogado. La exigencia de formación jurídica recae sobre uno solo de ellos, no sobre toda la sala. (Reglamento de AMV, artículo 62.)
13. Al imputado en un proceso disciplinario ante el organismo autorregulador se le notifica el pliego de cargos y solicita, dentro del término inicial, la prórroga máxima permitida para rendir sus descargos. Si el término ordinario es de diez días y la prórroga concedida es la máxima que autoriza el Reglamento, ¿con cuántos días en total contará el imputado para rendir sus descargos?
El Reglamento de AMV otorga diez días para rendir descargos, prorrogables por otros diez días, para un total de veinte días si se concede la prórroga máxima. (Reglamento de AMV.)
14. Sobre el Acuerdo de Terminación Anticipada (ATA) del proceso disciplinario ante el organismo autorregulador, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?
El ATA no es una instancia del proceso disciplinario, sino una forma de terminación anticipada. Sí es cierto que se solicita hasta el vencimiento del término de descargos, que exige no ser reincidente y que lo acordado genera consecuencias de sanción disciplinaria. (Reglamento de AMV, artículo 69; Política de supervisión y disciplina de AMV del 26 de julio de 2021)
15. Un operador persona natural vinculada a una sociedad comisionista miembro de la Bolsa Mercantil de Colombia afirma que nunca leyó el reglamento del organismo autorregulador y que, por eso, no debería estar sujeto a él. ¿Es válido este argumento conforme al principio de presunción de conocimiento de los reglamentos?
La presunción de conocimiento de los reglamentos (Ley 964 de 2005, artículo 28) implica que su desconocimiento no exime del deber de cumplimiento, sin exigir firma individual ni plazos adicionales de exigibilidad. (Ley 964 de 2005, artículo 28.)
16. En virtud del Decreto 2555 de 2010, la función normativa del organismo autorregulador frente a los intermediarios y sus personas naturales vinculadas consiste en…
La función normativa consiste en expedir la reglamentación que desarrolla los deberes de los intermediarios y sus PNV. Imponer sanciones corresponde a la función disciplinaria, certificar a la función de certificación y vigilar a la función de supervisión. (Decreto 2555 de 2010, artículo 11.4.3.1.3)
17. Respecto de los deberes de cumplimiento normativo de los intermediarios frente al organismo autorregulador, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?
El cumplimiento de los reglamentos es obligatorio desde su expedición y autorización por la SFC, sin quedar supeditado a que exista o no una investigación previa. Las demás afirmaciones son correctas conforme a los artículos 25 y 28 de la Ley 964 de 2005. (Ley 964 de 2005, artículos 25 y 28)
18. ¿Cuál es la principal diferencia de naturaleza jurídica entre el régimen disciplinario del organismo autorregulador y el régimen sancionatorio de la SFC?
El régimen del organismo autorregulador se funda en su relación con los miembros y asociados autorregulados y no tiene el carácter de función pública (Ley 964 de 2005, artículo 25, parágrafo 2), mientras que el de la SFC deriva de su potestad administrativa sancionadora estatal. Que la SFC supervise el esquema no convierte la autorregulación en función pública delegada. (Ley 964 de 2005, artículo 25, parágrafo 2.)
19. Frente a un mismo incumplimiento de un operador BMC en la ejecución y canalización de una operación de físicos por los sistemas de la Bolsa Mercantil de Colombia, la SFC le impone una sanción administrativa y, de manera independiente, el Tribunal Disciplinario de AMV le impone una sanción disciplinaria por los mismos hechos. ¿Es jurídicamente viable esta doble actuación?
El parágrafo 4 del artículo 25 de la Ley 964 de 2005 precisa que la autorregulación no sustituye las funciones de regulación y supervisión del Estado, de modo que ambos regímenes pueden actuar sobre unos mismos hechos. No hay identidad de autoridad ni orden de precedencia entre ellos. (Ley 964 de 2005, artículo 25, parágrafos 2 y 4)
20. ¿Qué entidad ejerce la supervisión estatal sobre el esquema de autorregulación en Colombia, sin que ello implique sustituir las funciones de los organismos autorreguladores?
El parágrafo 4 del artículo 25 de la Ley 964 de 2005 asigna a la Superintendencia Financiera de Colombia la supervisión del esquema de autorregulación, como parte del carácter intervenido de este modelo. AMV y la Bolsa Mercantil de Colombia son organismos supervisados, no el supervisor estatal. (Ley 964 de 2005, artículo 25, parágrafo 4)
21. Según el artículo 24 de la Ley 964 de 2005, el ámbito de la autorregulación comprende el ejercicio de tres funciones generales. ¿Cuáles son?
El artículo 24 de la Ley 964 de 2005 establece que la autorregulación comprende las funciones normativa, de supervisión y disciplinaria. La certificación no aparece allí: es una función adicional que el Decreto 2555 de 2010 atribuye específicamente a AMV. (Ley 964 de 2005, artículo 24 (Capítulo Segundo, «De la autorregulación del mercado y de su disciplina»).)
22. Respecto de los intermediarios y sus personas naturales vinculadas (PNV), el Decreto 2555 de 2010 le atribuye a AMV una función adicional a las tres funciones generales de autorregulación previstas en la Ley 964 de 2005. ¿Cuál es esa función adicional?
El Decreto 2555 de 2010 atribuye a AMV, además de las funciones normativa, de supervisión y disciplinaria, una cuarta función: la de certificación de los profesionales del mercado. La inspección y control es potestad estatal de la SFC, no una función de autorregulación. (Decreto 2555 de 2010, artículos 11.4.1.1.2 y siguientes.)
23. Según el parágrafo 2 del artículo 25 de la Ley 964 de 2005, la función de autorregulación...
El parágrafo 2 del artículo 25 de la Ley 964 de 2005 aclara que la autorregulación no tiene carácter de función pública, sino que constituye un esquema de autorregulación intervenida, autorizado por la ley y supervisado por la SFC. Que la ley la autorice y la SFC la supervise no la convierte en delegación de función pública. (Ley 964 de 2005, artículo 25, parágrafos 2 y 4.)
24. ¿Cuántas clases de entidades están habilitadas por el artículo 25 de la Ley 964 de 2005 para actuar como organismos autorreguladores, categoría dentro de la cual se ubican las bolsas de productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities como la Bolsa Mercantil de Colombia?
El artículo 25 de la Ley 964 de 2005 habilita cinco clases de entidades: organizaciones creadas exclusivamente para tal fin, organizaciones gremiales o profesionales, las bolsas de valores, las bolsas de productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, y las sociedades administradoras de sistemas de negociación. (Ley 964 de 2005, artículo 25.)
25. ¿Cuál de los siguientes instrumentos expedidos por un organismo autorregulador requiere autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia para entrar en vigor?
Conforme al artículo 28 de la Ley 964 de 2005, los reglamentos de los organismos autorreguladores deben ser previamente autorizados por el supervisor (hoy la SFC). Las cartas circulares, en cambio, no requieren dicha aprobación. (Ley 964 de 2005, artículo 28.)
26. Una vez autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia, los reglamentos de los organismos autorreguladores...
Según el artículo 28 de la Ley 964 de 2005, los reglamentos autorizados son de obligatorio cumplimiento y se presumen conocidos por los sujetos sometidos a ellos. Esa presunción hace innecesaria cualquier notificación individual a las personas naturales vinculadas. (Ley 964 de 2005, artículo 28.)
27. Un operador, persona natural vinculada (PNV) a una sociedad comisionista miembro de la Bolsa Mercantil de Colombia, consulta si está sometido a las funciones de autorregulación que ejerce AMV. ¿Cuál es la respuesta correcta conforme al Decreto 2555 de 2010?
El Decreto 2555 de 2010 establece que son sujetos de autorregulación tanto los intermediarios como las personas naturales vinculadas a estos (PNV). Frente a las PNV, AMV ejerce sus cuatro funciones, no solamente la de certificación. (Decreto 2555 de 2010, artículos 11.4.1.1.2 y siguientes.)
28. ¿En cuál de las cuatro funciones de AMV se enmarca la adopción de normas dirigidas a asegurar el correcto funcionamiento de la actividad de intermediación?
La función normativa comprende la adopción de normas para asegurar el correcto funcionamiento de la actividad de intermediación. La función de supervisión es distinta: verifica el cumplimiento de esas normas ya adoptadas. (Decreto 2555 de 2010, artículo 11.4.3.1.3.)
29. Un operador de la Bolsa Mercantil de Colombia, persona natural no reincidente, negocia con AMV un Acuerdo de Terminación Anticipada (ATA) que incluye el pago de una multa de 1.200 UVT. ¿Quién está facultado para suscribir directamente este acuerdo, sin necesidad de la intervención de la Sala de Revisión?
El Presidente de AMV puede suscribir directamente el ATA cuando incorpore una multa de máximo 1.368 UVT tratándose de personas naturales, y 1.200 UVT no supera ese tope. El tope de 2.735 UVT existe, pero corresponde a las personas jurídicas. (Reglamento de AMV, artículo 69; Política de supervisión y disciplina de AMV del 26 de julio de 2021.)
30. Una sociedad comisionista miembro de la Bolsa Mercantil de Colombia, en su calidad de persona jurídica asociada a AMV, negocia un Acuerdo de Terminación Anticipada (ATA) que incluye una multa de 3.000 UVT. ¿Puede el Presidente de AMV suscribir directamente este acuerdo?
El Presidente de AMV solo puede suscribir directamente el ATA de una persona jurídica cuando la multa no supere 2.735 UVT; al superarse ese tope se requiere la intervención de la Sala de Revisión. El tope de 27.351 UVT es el máximo general de la multa para personas jurídicas, no el límite de la firma directa. (Reglamento de AMV, artículos 69 y 82; Política de supervisión y disciplina de AMV del 26 de julio de 2021.)
31. Un operador de la Bolsa Mercantil de Colombia, profesional certificado, fue sancionado por AMV hace dos años por una conducta relacionada con el manejo de un conflicto de interés. Ahora es investigado nuevamente por una conducta de la misma naturaleza, lo que lo hace reincidente. ¿Puede acceder al Acuerdo de Terminación Anticipada (ATA) en este nuevo proceso?
El requisito para acceder al ATA es la no reincidencia, de modo que el reincidente queda excluido de esta vía. El Reglamento no prevé que el paso del tiempo desde la sanción anterior habilite el acuerdo. (Reglamento de AMV, artículo 69; Política de supervisión y disciplina de AMV del 26 de julio de 2021.)
32. Un operador incurrió en una conducta irregular relacionada con el manejo de un conflicto de interés mientras estaba vinculado a una sociedad comisionista miembro de la Bolsa Mercantil de Colombia. Meses después renunció a su cargo y dejó de estar vinculado a dicha sociedad. ¿Puede AMV iniciarle un proceso disciplinario por esos hechos?
El sujeto puede ser vinculado al proceso disciplinario aunque ya no ostente la calidad de miembro, asociado o PNV al activarse la función sancionatoria, siempre que la tuviera al momento de los hechos (art. 54, parágrafo primero). El momento de la renuncia frente al pliego de cargos es irrelevante para esta regla. (Reglamento de AMV, artículo 54, parágrafo primero (modificado por el Boletín Normativo 33 de AMV del 27 de diciembre de 2023); Resolución 13 del 30 de septiembre de 2016 de la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV.)
33. Un operador de la Bolsa Mercantil de Colombia incurrió, durante varios meses, en un inadecuado manejo de conflictos de interés frente a sus comitentes mediante actos sucesivos de la misma naturaleza. ¿Desde qué momento se cuenta el término de caducidad de tres años para que AMV inicie el proceso disciplinario?
En las infracciones de varios hechos o de ejecución permanente o sucesiva, el término de caducidad de tres años se cuenta desde el último acto o hecho de la conducta. Tomar el primer acto como referencia confunde la regla de las infracciones instantáneas con la de las sucesivas. (Reglamento de AMV.)
34. AMV comprueba dentro de un proceso disciplinario que un operador de la Bolsa Mercantil de Colombia obtuvo, mediante un abuso de mercado en el mercado de físicos, un beneficio económico para sí mismo de 8.000 UVT, monto que supera el tope general de multa previsto para personas naturales. ¿Hasta qué monto podría ascender la multa que se le imponga?
Cuando se demuestra un beneficio económico que supera el tope general de la multa (5.470 UVT para personas naturales), esta puede llegar hasta el doble del beneficio probado, es decir, hasta 16.000 UVT. El tope de 27.351 UVT no es aplicable: corresponde a personas jurídicas. (Reglamento de AMV, artículo 82 (multas).)
35. Un operador se había asociado voluntariamente a AMV y, tiempo después, se retiró de dicha asociación. Posteriormente AMV determina que, mientras tenía la calidad de asociado, incurrió en una infracción al reglamento. ¿Puede AMV vincularlo al proceso disciplinario?
El Reglamento de AMV permite vincular a quien tuvo la calidad de miembro o asociado voluntario al momento de los hechos, aunque ya no la ostente cuando se activa la función sancionatoria: la calidad de sujeto pasivo deriva de las condiciones que se tenían al momento de los hechos. Por eso el retiro no extingue la acción disciplinaria ni exige una nueva asociación. (Reglamento de AMV, art. 54, parágrafo primero (modificado por el Boletín Normativo 33 de AMV del 27 de diciembre de 2023).)
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